La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado elaboró y difundió un informe sobre el curso de las causas a diciembre de 2011. Detalla la situación procesal de los 121 imputados a la fecha, así como también de qué fuerza provienen. A diciembre de 2011, un total de 121 personas resultaron imputadas por la comisión de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico militar en Bahía Blanca. 16 fallecieron, tres se encuentran prófugos –Ricardo Molina, Aldo Álvarez y Miguel Ángel García Moreno- y dos lograron la suspensión de su proceso penal en razón de incapacidad sobreviviente.
Los datos se encuentran en un informe elaborado por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, que releva información del lustro 2006- 2011.
Además, el documento consigna que 16 de los 121 imputados fueron ya indagados pero aguardan aún una resolución que determine su situación procesal. Seis fueron procesados y 17 están siendo actualmente juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca en juicio oral y público. Por 52 acusados se ha formulado ya la requisitoria de elevación a juicio. Para otros ocho se ha dictado la falta de mérito. Sobre uno resta aún la toma de declaración indagatoria, trámite suspendido debido a problemas en su salud.
En otro orden, el documento especifica la fuerza de que provenían los imputados. Más de la mitad (65 sobre 121 del total), son oficiales retirados del Ejército. 32 prestaron servicios a la Armada, siete a la Prefectura Naval, cinco a la Policía Federal, cuatro a la Bonaerense, uno a la rionegrina, otro al Servicio Penitenciario Bonaerense y dos provienen del ámbito civil.
En cuanto a las medidas restrictivas de la libertad aplicadas sobre los imputados, 41 se encuentran detenidos, 25 fueron excarcelados sin restricciones y cinco con restricciones. Los 30 permanecen en libertad mientras se tramita el proceso penal.
En 32 de los 41 casos de detención, la modalidad de prisión preventiva es domiciliaria. Sólo sobre dos imputados no recayó ninguna medida de restricción de libertad, a excepción de la prohibición de salir del país.
Sobre el juicio que está siendo desarrollado actualmente, el informe indica que “ha tenido un desarrollo ágil, conforme a la celeridad que la grave situación de atraso en el juzgamiento ameritaba”.
“Desde fines de junio de 2011 hasta el presente, se ha producido la declaración testimonial alrededor de 250 testigos, lo que resulta un dato destacado y configura un escenario favorable en vistas a completar en un tiempo cercano el juicio oral en curso”, añade el documento.
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