A declarar como imputados

Falló la Cámara: Hugo Sierra y Gloria Girotti deberán prestar declaración como imputados, según dispuso la Cámara Federal de Apelaciones luego del recurso interpuesto por el fiscal Abel Córdoba. El juez de primera instancia Alcindo Álvarez Canale pretendía que Girotti declarase como testigo.

La Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad resolvió en las últimas horas que los abogados Gloria Girotti y Hugo Mario Sierra deberán declarar como imputados por los delitos de lesa humanidad por los que se los acusa.

Cuando está por cumplirse un año del primer pedido de detención e indagatoria sobre Girotti y Sierra por parte del fiscal Abel Córdoba, los jueces Ricardo Planes, Augusto Fernández y Ángel Argañaraz determinaron que ambos deberán prestar declaración bajo tal condición. Con la citación que efectuó a los letrados un bimestre atrás, el magistrado de primera instancia Alcindo Álvarez Canale pretendía que Girotti declarase como testigo, con lo que se veían amenazados incluso los propios derechos procesales de la imputada.

Como se recordará, sobre Sierra y Girotti pesan acusaciones vinculadas al desempeño de ambos como secretarios del ex Juez Federal Guillermo Federico Madueño, durante la segunda mitad de la década del ’70. Madueño murió impune pero procesado, en agosto de 2010. A finales de ese año, la mirada de los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño hizo foco en sus secretarios de entonces. A ellos se les imputan varios delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra incluso el de haber participado en sesiones de interrogatorio bajo tortura a personas ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “La Escuelita”, en el predio del V Cuerpo.

En esta oportunidad, la Cámara amplió además el número de delitos por los que Álvarez Canale se disponía a interrogar a Sierra. De acuerdo al reciente fallo, el abogado no responderá únicamente en torno al rechazo sistemático de recursos de hábeas corpus y la persecución a familias de desaparecidos para exigirles el pago de las costas, ya que eran “funciones inherentes al cargo”.