El abogado Diego Czerniecki, que
representa a la querella en el juicio contra diecisiete represores acusados de
graves delitos de lesa humanidad, se refirió al alegato de parte que junto a
sus colegas Mántaras y Larrea expuso en las últimas audiencias del proceso
oral. “Estamos esperando el verdadero momento histórico de todo esto: la
condena”, dijo.
Tal como informó este diario, el juicio que se sigue en nuestra ciudad
contra diecisiete represores, acusados de graves delitos de lesa humanidad
perpetrados durante la última dictadura cívico militar bajo jurisdicción del V
Cuerpo de Ejército, ingresó en estas semanas en su recta final.
Durante las últimas audiencias, expusieron el alegato de parte los abogados
Diego Czerniecki, Mirta Mántaras y Walter Larrea, quienes representan en la
querella a los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado y a la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense.
El alegato, explicó el doctor Czerniecki en diálogo con el programa “La
Máquina de Hacer Mañana”, “es la culminación de todo el trabajo de este juicio,
que empezó el 28 de junio. Lo primero que se hizo fue leer los requerimientos
de elevación a juicio, en los que se detallaban cuáles eran los casos por los
que fueron llevados a juicio los represores. Después de eso, viene la parte de
la prueba, donde comenzaron a declarar los testigos y se añadió prueba
documental. Terminada la etapa de pruebas, vienen los alegatos donde las partes
valoramos esa prueba a la luz del requerimiento y decimos si está o no está
probado aquello por lo que se elevó a juicio a estas personas”.
El abogado calificó como “brillante” a la exposición de su colega Mántaras,
quien “explicó el contexto histórico en que se desarrolló todo esto y las
normas en las cuales se basaba. Porque el aparato represivo estaba organizado:
no eran militares sueltos que hacían lo que querían. Había una estructura
armada, un aparato de poder, generado para producir el genocidio y el desastre
que hicieron”.
Posteriormente, correspondió a Larrea y al propio Czerniecki “exponer los
casos por los cuales esta gente había sido elevada a juicio. Y, a la luz de los
testimonios y el resto de la prueba, creemos haber demostrado todos los hechos.
Se ha demostrado que todos los delitos de los que los acusamos existieron y
ellos son los responsables, en los lugares que ocupaban en la cadena de mando”.
“Ahora, estamos esperando el verdadero momento histórico de todo esto: la
condena. Porque lo que cierra el ciclo histórico de la violencia en este país
es que haya un juicio con todas las garantías, donde se demostró la
culpabilidad de los imputados. Ahora, me parece que lo que corresponde es la
condena más firme para los delitos más atroces y aberrantes que se han vivido
en esta ciudad. No hay en ninguna cárcel del país un delincuente más peligroso
que estos tipos”, añadió.
Durante la entrevista radial, Czerniecki se refirió también a uno de los
argumentos utilizados por los abogados defensores de los imputados para
interrumpir la exposición de los letrados de la querella: el pedido al Tribunal
de nulidad del alegato de parte por supuesta lectura textual del mismo.
“Es cierto que hay una norma en el Código Procesal Penal (CPP), que no
estipula sanción de nulidad pero sí marca que los alegatos deben ser orales y
no escritos. Esto tiene que ver con que cuando se cambió el Código veníamos de
un sistema de juicio oral por escrito y, al pasarse al sistema de juicio oral,
muchos abogados acostumbrados al sistema viejo llegaban con el bibliorato a
leerlo. A los efectos de evitar eso y de que tuviera sentido lo que pasaba en
la audiencia oral, se incorporó esa norma”, explicó Czerniecki.
Desde su óptica, “acá hay un conflicto de normas, entre ésa y una superior,
que es el derecho constitucional que tienen las víctimas a expresar la
acusación a sus victimarios. Y mucho más el Ministerio Público Fiscal, que
además del derecho tiene el deber de ejecutar la acción”.
La norma incluida en el CPP, indicó,
“está concebida para juicios comunes, donde son dos o tres audiencias como
mucho, con cinco o diez testigos, y en base a eso hay que alegar en torno a un
hecho”. Pero, expuso, es distinto en el caso de tener que “alegar sobre un
juicio que empezó el 28 de junio del año pasado y tuvimos tres testigos por
cada uno de los más de noventa delitos”, relacionados entre sí a partir del
secuestro de la víctima, su permanencia en los Centros Clandestinos de
Detención, las torturas y su destino final, que pudo ser su homicidio, su
desaparición o su puesta a disposición del Poder Ejecutivo.
En cuanto a los argumentos esgrimidos por los represores para defenderse de
las acusaciones, Czerniecki relató que las responsabilidades son cargadas en
las espaldas de “los militares muertos, los que llaman subversivos u otros. O
bien, ellos no saben nada”. Asimismo, enumeró la excusas planteadas por cada
imputado: algunos manifestaban estar dedicados sólo a la organización de
desfiles, otros a la preparación militar ante un eventual conflicto con Chile
o, en el caso del represor Osvaldo Paéz, al cuidado de los silos y campos de la
región porque, según argumentó, podían darse atentados contra las cosechas.
Cabe reseñar que, por supuesto, jamás se produjo en la zona un atentado de tal
naturaleza. Una muestra más de que la mentira tiene patas muy cortas, aunque
durante treinta años haya gozado de la impunidad que está por acabársele.
